Luego de un año y medio de cachetazos constantes de gobierno de Javier Milei al sector, los empresarios de la construcción salieron del letargo y emitieron un comunicado con fuertes críticas a la decisión del Ejecutivo de cerrar Vialidad Nacional y abandonar el mantenimiento y puesta en marcha de nuevas obras. Todo esto se da en un contexto en el que los daños que se generaron por no atender el mantenimiento ya ponen al gobierno de Milei como el peor de los últimos tres en ocuparse de estos temas y, sobre todo, de poner el ojo en la seguridad de obras viales.
La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), presidida por Gustavo Weiss, emitió un documento en el cual «expresa su profunda preocupación ante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de disolver la DirecciónNacional de Vialidad, medida anunciada recientemente por decreto». Asimismo, afirman que «la eliminación de este organismo técnico con casi un siglo de trayectoria en la obra pública afecta la capacidad del Estado para planificar, licitar y controlar proyectos viales de forma eficiente y transparente».
El texto surge luego de que el ministro de Desregulación Económica, Federico Sturzenegger, dispusiera el cierre de Vialidad en el marco de un ajuste sobre organismos oficiales que también se llevó puestos al INTI y al INTA. En la otra esquina de esa visión, los empresarios ladrilleros puntualizaron que «Vialidad Nacional garantizó durante décadas una mirada federal sobre la infraestructura del país, con equipos profesionales formados para llevar adelante obras en todas las regiones. El traspaso de sus funciones al Ministerio de Economía y a la Gendarmería Nacional genera una fuerte incertidumbre. Hay preocupación por la continuidad de obras estratégicas, el impacto en el empleo y la afectación de la articulación público-privada que durante décadas sostuvo el desarrollo de la infraestructura vial».
«El país necesita previsibilidad»
A renglón siguiente, la CAMARCO precisa que «el mantenimiento de la red federal, particularmente de los más de 30 mil kilómetros queno se concesionarán al sector privado, constituye una seria preocupación por elimportante impacto en la producción y logística y, sobre todo, en la vida cotidiana demiles de argentinos».
Y agregan que «la inversión en caminos y rutas no representa un gasto, sino una herramienta paracrecer, generar trabajo y fortalecer el entramado productivo nacional. Por eso, pedimosa las autoridades abrir instancias de diálogo con una mirada estratégica».
Por último, la entidad -que ya venía muy golpeada por el parate en la obra pública que dispuso el Estado Nacional- expresó que «reafirma su disposición a trabajar junto al Estado en el diseño de políticasque garanticen obras sostenidas en el tiempo, con reglas claras y una visión federal deldesarrollo. El país necesita previsibilidad para seguir generando empleo, inversión ycrecimiento en todo el territorio».
El impacto de la desinversión de Milei
En este escenario, un trabajo reciente del Instituto Argentina Grande (IAG) -que agrupa a equipos técnicos liderados por Gabriel Katopodis- elaboró un informe que detalla cómo la desinversión del gobierno de Javier Milei en materia de infraestructura vial destruyó el trabajo realizado en años anteriores, y que el monto para recuperar las rutas va a ser superior al costo que hubiera generado un mantenimiento planificado y normal.
Según información difundida por la Dirección Nacional de Vialidad, en 2024 el porcentaje de rutas en mal estado llegó al 29%, cuando en la medición anterior, de 2022, era de 23%. La proporción de las que se encuentran en estado regular aumentaron de 22,1% a 23,5%. Mientras tanto, el porcentaje de rutas en buen estado en el mismo periodo cayó del 54,9% al 47,5%. «Esto coincide con un freno casi total a la inversión pública en rutas», destacan.
Agregan, además, que los gastos de capital cayeron, en promedio, un 82% en términos reales y en 2025 el gasto de capital sigue sin recuperarse: entre enero y mayo de 2025 se devengó un 75% menos en la red vial que en el mismo período de 2023 (variación interanual acumulada en términos reales, con la misma fuente). «La desinversión tuvo un impacto inmediato y medible en las rutas», precisan.
En la misma línea, el IAG asegura que «destinar recursos al mantenimiento evita mayores gastos en recuperación en el futuro próximo: de acuerdo a estimaciones de la Camara Argentina de la Construcción (CAMARCO) el costo de mantenimiento anual del sistema de rutas de la Argentina (rutas nacionales y provinciales) es de $4.213 millones de dólares y el costo de recuperación de la infraestructura actual (en caso de no ser cuidada) llega a los $40.773 millones de dólares (datos de CAMARCO)». También apuntan que «el costo de recuperación, por su parte, específicamente de las rutas nacionales llega a USD 23.240 millones. De esta manera, por cada peso que el mantenimiento planificado y habitual que el Estado invierte en las rutas de la Argentina, la inversión debe multiplicarse por 10 cuando no se realiza el mantenimiento adecuado, tal como es la decisión de la administración de Javier Milei. La infraestructura se destruye y deteriora muy rápido cuando no se invierte y el mantenimiento y construcción llevan tiempo y dinero. En materia de rutas, lo barato sale caro en seguridad vial e impuestos de los contribuyentes».