La reciente sentencia de la jueza estadounidense Loretta Preska, que ordena a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park, ha desatado una tormenta política en el país.
En el centro de la polémica se encuentran el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el presidente Javier Milei, enfrentados no solo por el contenido del fallo, sino por sus implicancias políticas, económicas y de soberanía nacional. El fallo de Preska se enmarca en una demanda iniciada por los fondos buitre Burford y Eton, que adquirieron los derechos de litigio de la familia Eskenazi tras la expropiación de YPF en 2012.
La jueza ordenó que Argentina transfiera sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia en el Bank of New York Mellon, como forma de pago por una deuda que asciende a más de 16.000 millones de dólares.
Este fallo, que aún puede ser apelado, representa un golpe económico y simbólico para el país. No solo implica una pérdida patrimonial significativa, sino que también pone en cuestión la soberanía nacional sobre uno de los activos estratégicos más importantes: la petrolera estatal YPF.
Javier Milei reaccionó con dureza en redes sociales, responsabilizando directamente a Axel Kicillof, quien era ministro de Economía en el momento de la expropiación. En un mensaje cargado de insultos, el presidente calificó a Kicillof de “inútil soviético” y lo acusó de haber arruinado la economía nacional y ahora estar “destruyendo la provincia de Buenos Aires”.
Aunque Milei anunció que el gobierno apelará el fallo, sus declaraciones generaron controversia incluso entre especialistas legales, quienes advirtieron que sus palabras podrían debilitar la posición argentina en la apelación, al coincidir con los argumentos de los demandantes.
La respuesta de Kicillof
Axel Kicillof no tardó en responder. En una conferencia de prensa, denunció que el presidente Milei “le da la razón a los demandantes” y “contradice la defensa del interés nacional”. Para el gobernador, el fallo representa un “disparate jurídico” y una “agresión a la soberanía argentina”, y acusó al mandatario de actuar como un “topo en la Casa Rosada” al servicio de intereses extranjeros.
Kicillof fue más allá y deslizó que existen vínculos entre funcionarios del gobierno de Milei y el fondo Burford Capital. Aunque aclaró que no podía afirmarlo con certeza, anunció que se iniciarán investigaciones para esclarecer posibles conexiones entre el oficialismo y los litigantes internacionales.
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