El apellido Eskenazi vuelve a ser noticia tras el fallo favorable de la Justicia estadounidense a un par de fondos de inversión ingleses en la causa por la estatización de YPF y deja al descubierto el modelo de «socialismo de amigos» del kirchnerismo, que hoy le cuesta a los argentinos más de 17 mil millones de dólares.
Aunque hoy están alejados del centro de la escena, fueron las acciones que pertenecían a los Eskenazi las que dieron origen a la demanda impulsada por el fondo Burford Capital.
La familia saltó por primera vez al centro de la atención pública a fines de 2007, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner sorprendió al sector energético al elegir al grupo Petersen, controlado por los Eskenazi, como socio argentino de la empresa española Repsol en YPF.
Aunque de un día para el otro pasaron a ser parte de los propietarios de la mayor compañía del país en ese momento, lo cierto es que los Eskenazi no tenían prácticamente ninguna trayectoria previa en el rubro energético.
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A partir de la década de 1990, ya al mando de su empresa, Enrique Eskenazi lideró un proceso de expansión y diversificación que lo llevó a incursionar en sectores clave como los servicios públicos, la agroindustria y el sistema financiero.
Ese crecimiento derivó en la creación de un conglomerado empresarial. De manera curiosa, al momento de ponerle nombre al holding, el empresario optó por el apellido de uno de los socios fundadores de la constructora que había adquirido, en lugar de usar el suyo propio.
El gran salto hacia los negocios de alto nivel llegó en 2008, cuando el grupo español Repsol le transfirió el 14,9% de las acciones de YPF, en una operación impulsada por Néstor Kirchner y en la que el Grupo Petersen prácticamente no realizó aportes iniciales de capital.
El vínculo entre Eskenazi y la familia Kirchner se había iniciado a mediados de los años noventa, cuando el grupo adquirió el Banco de Santa Cruz por algo más de 10 millones de dólares, en un contexto en el que la entidad atravesaba serias dificultades económicas.
El buen vínculo con la gestión kirchnerista en Santa Cruz les abrió paso a nuevos negocios, y rápidamente el grupo se convirtió en uno de los principales adjudicatarios de obra pública en la provincia.
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Para concretar la adquisición de YPF, la firma Petersen Energía, una sociedad creada en España y controlada por el grupo argentino, obtuvo un financiamiento de 1.018 millones de dólares de un consorcio de bancos internacionales y otro préstamo de 1.015 millones otorgado por Repsol, mediante un mecanismo conocido como “vendor’s loan”. Por su parte, los Eskenazi aportaron poco más de 100 millones de dólares.
Para saldar la deuda con Repsol, la petrolera española autorizó a la familia a utilizar hasta el 90% de los dividendos generados por YPF. Al justificar la operación, el entonces presidente de Repsol, Antonio Brufau, señaló que la elección de Eskenazi se debía a “su experiencia en mercados regulados”.
En 2011, el Grupo Petersen amplió su participación en YPF con un 10% adicional. Sin embargo, apenas un año después, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió avanzar con la estatización de la compañía.
Esa decisión marcó el inicio del conflicto legal que actualmente enfrenta la Argentina con el fondo Burford Capital, que adquirió en la justicia española la quiebra de Petersen Energía y, con ella, los derechos para litigar contra el Estado argentino.