Javier Milei decidió, desde que llegó a Casa Rosada, que terminará con las políticas de derechos humanos. Impulsó recortes en base a despidos y desfinanciación por parte de la secretaría dedicada al tema. Los números de la motosierra aplicada reflejan que su alcance pone en riesgo políticas básicas que forman parte de un consenso democrático, ahora en riesgo.
A este 24 de marzo, fecha de un nuevo aniversario del golpe cívico militar, la secretaría de DD.HH. que conduce Alberto Baños llega diezmada en cuanto a personal: comenzó la gestión libertaria con 1.050 personas y a enero de este año registra 540 trabajadores. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que en el último mes hubo 70 despidos más y se aplicó un programa de retiros voluntarios para seguir desguazando la secretaría.
Por si fuera poco, las personas que quedaron trabajando tuvieron ajustes en sus remuneraciones que van del 50% al 70%. El plan motosierra generó que, a diciembre de 2024, 19 de las 28 áreas de la secretaría, entre direcciones y coordinaciones, se encuentren sin personal, una situación inédita en las últimas décadas.
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A este cuadro de situación se suman fuertes recortes en el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, con el 76%, y el Banco Nacional de Datos Genéticos, con el 43%. Se trata del archivo público y sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar argentina, clave para la recuperación de nietos en los últimos años.
Hay varios sectores que atraviesan una situación totalmente crítica. Figuran en ese estado la Dirección de Sitios y Espacios de Memoria, que gestiona los ocho Espacios de Memoria en todo el país, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, cerrado sin fecha de reapertura y el Archivo Nacional de la Memoria, que tiene en su poder todo el material gráfico y audiovisual referido a violaciones a los derechos humanos. Como remarcó ATE en un documento al que tuvo acceso PERFIL, el archivo no tuvo una persona a cargo durante todo el año pasado.
También quedaron marginadas de financiación y de empleados el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado; la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales de Derechos Humanos, que posee a su cargo el cuerpo de abogados y peritos que llevan adelante los juicios por delitos de lesa humanidad; la Dirección de Asistencia Integral a testigos Víctimas de Lesa Humanidad; la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que indaga la apropiación de niños durante la última dictadura militar, el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones a los DD.HH.; la Asistencia a Víctimas de Violencia Institucional y Discriminación, y el sitio de Memoria ESMA.Flavio Vergara, secretario de convenio colectivos de ATE nacional, dijo a PERFIL que este desmantelamiento es “el ataque a las políticas y muestra la vuelta a una visión contraria a la democracia, que a 49 años del golpe cívico-militar resulta un alto riesgo para la república y el pueblo”.