La carta enviada por el concejal Rubn Lzaro al gobernador Alfredo Cornejo pone en evidencia una vez ms lo que ya es una costumbre en Mendoza: la torpeza burocrtica a la hora de administrar los tributos. En esta ocasin, el problema radica en la incorporacin arbitraria de superficies cubiertas en el clculo del impuesto inmobiliario, afectando a cientos de vecinos de Lujn de Cuyo.
El argumento es claro: muchas de las estructuras que el fisco ahora decide gravar -toldos, medias sombras, prgolas- no deberan ser consideradas superficie cubierta habitable ni cocheras, pero la provincia, con su necesidad insaciable de recaudar, ha optado por sumar metros cuadrados sin siquiera verificar la informacin con los catastros municipales. La falta de un cruce de datos entre provincia y municipio, un procedimiento bsico en cualquier sistema administrativo serio, ha generado errores que ahora los contribuyentes deben salir a corregir.
Y aqu surge el problema de siempre: el peso de la ineficiencia estatal recae sobre el ciudadano. La nica va para reclamar es digital, obligando a muchos vecinos -especialmente adultos mayores o personas sin acceso a Internet- a enfrentar un trmite engorroso e incierto. Mientras tanto, la boleta ya lleg, el pago se exige y el Estado se lava las manos.
Sin embargo, es bien conocido que la Municipalidad de Lujn de Cuyo no es precisamente la ms amable o eficiente al momento de actualizar el catastro. No solo se ha convertido en un freno para la regularizacin de inmuebles, sino que muchas veces directamente impide la transferencia de dominio, trabando el acceso a la vivienda y violando el artculo 14 bis de la Constitucin Nacional, que garantiza este derecho fundamental. En otras palabras, no solo el municipio no mantiene sus registros al da, sino que adems le complica la vida a quienes intentan formalizar sus propiedades, afectando el desarrollo econmico y habitacional en la zona.
Los escribanos tienen la funcin de contribuir a actualizar el catastro del municipio cada vez que se realiza una transferencia de dominio al solicitar certificados con el nombre del nuevo vecino que adquiere. Sin embargo, el municipio no solo no facilita esta tarea, sino que muchas veces directamente la niega, la impide o la dificulta de manera arbitraria, retrasando innecesariamente la transmisin de derechos reales, lo cual resulta grave. As, se convierte en un cuello de botella burocrtico que va en contra del desarrollo normal del mercado inmobiliario y del derecho de los ciudadanos a la vivienda digna.
Eso s, esta rigidez parece aplicarse solo cuando le conviene. Para algunos loteos de renombre y alta alcurnia, la vara es claramente distinta. All, las dificultades burocrticas desaparecen, los trmites fluyen y la legalidad se acomoda segn la conveniencia de los grandes desarrolladores. Para el resto de los ciudadanos, el proceso sigue siendo una odisea kafkiana.
El gobernador Cornejo tiene en sus manos la posibilidad de corregir este atropello. Si la intencin no es recaudar a cualquier costo, debera ordenar de inmediato la revisin de estos cobros y garantizar que los vecinos no paguen por superficies que no deberan ser gravadas. Si no lo hace, quedar claro que este impuestazo no es un descuido, sino una decisin premeditada.
La pregunta es: escuchar el reclamo o seguir aplicando la receta de siempre, exprimiendo a los mismos de siempre?
Luego nos preguntamos, por qu existe un dficit habitacional tan grande en Mendoza?. No ser momento de que los funcionarios funcionen bien?.