Argentina enfrenta un desafío estructural que impacta directamente en su competitividad y en la capacidad de generar empleo formal: la creciente litigiosidad laboral. Este fenómeno no sólo incrementa los costos de contratación, sino que también desincentiva la inversión y limita el desarrollo de sectores productivos clave.
En un contexto en el que la previsibilidad normativa es fundamental para la toma de decisiones empresariales, el sistema legal laboral argentino ha evolucionado de manera fragmentada, con criterios jurisprudenciales dispares y una tendencia creciente hacia el conflicto judicial. Para revertir esta situación y generar un entorno más propicio para el empleo, es indispensable avanzar en una reforma integral que equilibre la protección de los derechos de los trabajadores con un marco legal claro y transparente para las empresas.
Litigiosidad laboral en Argentina: una tendencia en ascenso
La litigiosidad laboral se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la generación de empleo y el crecimiento de las empresas. La reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo de 2017 fue concebida con el objetivo de reducir la cantidad de juicios mediante la implementación de procedimientos administrativos más eficientes y un esquema de compensaciones más previsible.
Inicialmente, esta reforma logró disminuir el número anual de demandas laborales, pasando de 130.678 en 2017 a 44.586 en 2020. No obstante, la litigiosidad ha vuelto a incrementarse y, hacia finales de 2024, se registran más de 125.000 demandas laborales iniciadas en el último año. Esta reactivación de la denominada “industria del juicio” responde, en gran medida, a la aplicación dispar de la normativa en distintas jurisdicciones.
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La falta de criterios uniformes en la resolución de los conflictos y la persistencia de incentivos económicos que promueven la judicialización han contribuido a este resurgimiento.
Si bien la siniestralidad laboral ha mostrado una tendencia decreciente, los juicios continúan en aumento. En los primeros once meses de 2024, la cantidad de nuevas demandas se incrementó un 6% respecto del mismo período del año anterior, con un pico del 27% en julio. Este crecimiento no parece estar vinculado a un aumento en los accidentes laborales, sino más bien a factores estructurales del sistema judicial y a los incentivos existentes para la presentación de reclamos.
Comparación internacional
En la comparación internacional entre Argentina, España y Chile, los valores de siniestralidad son relativamente similares en los tres países, lo que indica que la ocurrencia de accidentes laborales no varía drásticamente entre estas economías.
Sin embargo, la judicialidad muestra diferencias mucho más marcadas. En Argentina, la cantidad de litigios por accidentes laborales es significativamente mayor, alcanzando 114,2 casos por cada 10.000 trabajadores. En contraste, en España la tasa es de 9,5 y en Chile de 5,8, lo que sugiere que en estos países los conflictos laborales derivados de accidentes de trabajo se resuelven con menor frecuencia en los tribunales.
Este contraste evidencia que Argentina enfrenta un nivel de litigiosidad desproporcionadamente alto, lo que podría estar relacionado con diversos factores. En particular, la falta de uniformidad en la interpretación de la normativa laboral ha derivado en fallos contradictorios para casos similares, lo que incrementa la incertidumbre y favorece la judicialización de conflictos. Además, los mecanismos de actualización de pasivos judiciales indexan las indemnizaciones a tasas que superan la inflación, encareciendo significativamente los costos de las sentencias.
Uno de los principales factores que ha impulsado la litigiosidad es la ausencia de cuerpos médicos forenses especializados en la mayoría de las provincias. La reforma de 2017 incentivó a las provincias a implementar dos cambios clave:
1) exigir el paso obligatorio por las comisiones médicas antes de iniciar un juicio.
2) crear equipos de peritos especializados en los tribunales. Mientras que muchas provincias adhirieron al primer punto, casi ninguna implementó el segundo.
Como consecuencia, se producen fallos contradictorios: personas que en la comisión médica son evaluadas sin incapacidad, pero que luego reciben un porcentaje de incapacidad por parte de un perito judicial sin un criterio uniforme. Este desbalance es una de las principales fuentes del incremento de la litigiosidad.
Otro elemento que favorece el crecimiento de la litigiosidad es la ausencia de costos para el litigante en casos desestimados. En la mayoría de las situaciones, cuando una demanda laboral es rechazada, los costos judiciales no recaen sobre el demandante, facilitando la proliferación de reclamos sin fundamentos sólidos.
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Además, la forma en que se remunera a los peritos judiciales contribuye a distorsionar el sistema, ya que sus honorarios dependen de un porcentaje de la indemnización otorgada, generando incentivos para la sobrestimación de los daños.
Disparidad territorial
Los datos revelan una marcada disparidad territorial: mientras que en algunas jurisdicciones la judicialización es escasa, en otras se observa una frecuencia significativamente mayor.
En un extremo, provincias como Catamarca, La Rioja y Salta registran tasas de litigiosidad mínimas, lo que podría atribuirse a un menor nivel de conflictividad laboral o, en su defecto, a limitaciones en el acceso a la justicia. En contraste, San Luis, Mendoza y Río Negro presentan los valores más elevados, reflejando una mayor propensión a la judicialización o condiciones laborales más proclives al conflicto.
Un factor clave en este fenómeno es la posibilidad de que los trabajadores elijan la jurisdicción donde presentan sus demandas. Esto introduce un sesgo en la interpretación de los datos, ya que la cantidad de juicios en una provincia no siempre se corresponde estrictamente con la realidad laboral local.
Para muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, el riesgo de enfrentar un juicio laboral puede representar la diferencia entre contratar o no a un trabajador. La incertidumbre sobre los costos de una eventual demanda, sumada a la rigidez de los convenios colectivos vigentes, desalienta la formalización del empleo y fomenta la contratación en condiciones de informalidad.
Hacia un sistema laboral moderno y previsible
El desafío es claro: Argentina necesita un sistema laboral moderno, previsible y equitativo que brinde garantías tanto a los trabajadores como a los empleadores. En este sentido, la reciente reglamentación de los Títulos IV y V de la Ley de Bases (27.742), referidos a la Promoción del Empleo Registrado y la Modernización Laboral, representa un paso en la dirección correcta.
Para lograr un crecimiento sostenido y una generación genuina de empleo formal, es imprescindible reducir los niveles de litigiosidad laboral y establecer un marco normativo predecible. Esto no implica desproteger a los trabajadores, sino construir un sistema equilibrado donde las reglas sean claras, su aplicación sea uniforme y se minimicen los incentivos que promuevan la judicialización innecesaria.
Investigadora responsable Área de Empleo y Política Social
Ieral de Fundación Mediterránea