Después de que todas las denuncias vinculadas al escándalo de la criptomoneda $LIBRA fueron ratificadas,la jueza federal María Servini resolvió delegar la investigación en la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano. El representante del Ministerio Público Fiscal evalúa los hechos bajo investigación y las medidas de prueba que impulsará.
Más de un centenar de denuncias se presentaron en contra de Javier Milei, después de que el viernes pasado difundiera en la red social X la criptomoneda $LIBRA. Hasta su tuit, la memecoin valía 0,000001 dólares, valor que ascendió a 5,20 tras la promoción del Jefe de Estado.
Después comenzó el escándalo: luego de aquella trepada en la cotización, la cripto se derrumbó dejando a una enorme cantidad de damnificados.
Tres días después de lo ocurrido, el presidente de la Nación en una entrevista con el canal TN, dijo: «Yo no cometí ningún error ni delito. La Justicia va a definir esto». En otro tramo de la nota, señaló que se trata únicamente «de un problema entre privados».
La lista de delitos de los que se lo acusa en las denuncias van desde la participación en una estafa, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita y fraude, entre otros.
La primera denuncia que ingresó en Comodoro Py fue la que radicó el Observatorio del Derecho de la Ciudad, y esa acción abrió el camino a una gran cantidad de acusaciones que se acumularon en los tribunales federales porteños.
“Denunciamos que Milei formó parte de una asociación Ilícita que organizó una estafa con la criptomoneda $LIBRA que afectó en simultáneo a más de 40 mil personas con pérdida de más de 4 mil millones de dólares”, sostiene el escrito del Observatorio.
A lo largo de esta semana, la jueza federal María Servini fue citando a todos los denunciantes para que ratifiquen sus presentaciones. Fuentes judiciales señalaron a Clarín que se ratificó una importante cantidad de denuncias.
La decisión siguiente, este jueves por la tarde fue delegar la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. De esta manera, no es necesaria la imputación formal, en la que el ministerio público atribuye un grado de sospecha en función de los hechos denunciados para impulsar la acción penal.
Al tener la causa delegada, Taiano debe relatar los hechos que considera que deben investigarse y en función de eso, ordenar las medidas de prueba correspondientes.
Ante la consulta de Clarín, fuentes allegadas a la causa indicaron que en los próximos días se analizarán todas las denuncias para realizar un cuadro de situación y determinar si se avanza con una investigación que pone bajo la lupa al presidente Javier Milei.
De ser así, sería la primera causa por presuntos hechos de corrupción que podría enfrentar el presidente de la Nación. Sin embargo, la fiscalía también puede entender que las denuncias no cuentan con sustento jurídico para comenzar a investigar al presidente.
La primera denuncia que ingresó a Comodoro Py habla de una «mega estafa» que se habría realizado «a través de una operación conocida como “rug pull” que ocurre cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero».
Cuando los estafadores vaciaron los fondos de liquidez -continúa señalando la denuncia que fue ratificada- «el precio de los criptoactivos cae a cero y los inversores pierden la oportunidad de intercambiar tokens por tokens más estables o de curso legal».
Esta presentación judicial lleva la firma de Jonatan Baldiviezo (abogado fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad), Marcos Zelaya (Abogado coordinador del área de Derecho y Nuevas Tecnologías), María Eva Koutsovitis (Ingeniera fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos) y Claudio Lozano (Economista presidente de Unidad Popular).