Guillermo Francos aseguró que el procurador del Tesoro no fue echado: «Prefirió dar un paso al costado»
El jefe de Gabinete afirmó que Rodolfo Barra, ex procurador del Tesoro, tuvo «diferencias» con el Gobierno y por eso «decidió dar un paso al costado»
25/01/2025 – 20:38hs
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este sábado que el ex procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, tuvo «diferencias» con el Gobierno y por eso decidió «dar un paso al costado».
Francos negó que Barra fue echado por el Gobierno
En declaraciones radiales, el Jefe de Gabinete, aseguró: «No lo llamaría ‘echar’, porque Rodolfo Barra es un jurista importante que tuvo el país durante muchos años».
En ese sentido, Francos explicó: «Es una persona mayor que cumplió roles en distintos gobiernos. Venía cumpliendo funciones muy importantes durante el gobierno de Menem como procurador, ministro de Justicia y de la Corte».
Y añadió: «Aquí fue convocado a cumplir el rol de procurador del Tesoro. A lo mejor él está en otra etapa de su vida y hubo algunas diferencias en algún tema y prefirió dar un paso al costado y presentó su renuncia».
A pesar de las declaraciones de Francos, negando que Barra haya sido despedido, fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en redes sociales aseguró que al funcionario se le solicitó la renuncia. «El gobierno le acaba de pedir la renuncia al Procurador del Tesoro de la Nación Rodolfo Barra».
Qué hay detrás del enojo del Gobierno con Rodolfo Barra
Durante años, los Registros del Automotor han operado en colaboración con una entidad privada, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Esta asociación empleaba a 2.500 trabajadores que prestaban servicios para el Ministerio de Justicia y gestionaban el pago de incentivos adicionales a los salarios base. Estos incentivos permitían, por ejemplo, que un director del Ministerio liderado por Mariano Cúneo Libarona pudiera duplicar su sueldo en comparación con los directores de otras áreas gubernamentales.
El 31 de diciembre, el Gobierno decidió rescindir el convenio con ACARA, lo que resultó en el despido de la mayoría de los empleados. Algunos lograron ser recontratados en la administración pública, aunque bajo contratos temporales regidos por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), y no como personal de planta permanente. Se estableció que los salarios cubrirían entre el 80% y el 90% de lo que recibían anteriormente, excluyendo los incentivos. Los acuerdos fueron firmados por cada trabajador y homologados en el fuero laboral, incluyendo una cláusula donde los empleados renunciaban a realizar futuros reclamos relacionados con estas condiciones.
Sin embargo, una trabajadora identificada como A.T. presentó una impugnación contra la decisión del Ministerio de Justicia de eliminar su incentivo. Al tratarse de una demanda contra la administración pública, el equipo liderado por Cúneo Libarona solicitó un dictamen a la Procuración del Tesoro, órgano encargado de representar legalmente al Estado, anticipándose a un eventual litigio en la justicia laboral. Aquí es donde, según el Gobierno, comienzan los errores críticos de Rodolfo Barra.
El exministro de Justicia impulsó un dictamen que favorece a la demandante y perjudica los intereses del Estado. Según el documento, el incentivo percibido por A.T. tenía carácter remunerativo, lo que validaba su reclamo y le daba derecho a exigir su reincorporación. Además, el dictamen sugería que el Ministerio debía ajustar la situación para garantizar la legalidad del contrato. Aunque no vinculante, el informe dio argumentos al fuero laboral para fallar a favor de la trabajadora, generando profundo malestar en la Casa Rosada.
La situación se complicó aún más cuando se descubrió que Barra no firmó personalmente el dictamen, delegando la tarea a su adjunto, Marcos Serrano. Ante los reclamos por parte del Ejecutivo, Barra intentó desvincularse de la decisión y trasladó la responsabilidad a Serrano. Este acto fue interpretado como una deslealtad hacia su equipo y una subestimación de los interlocutores gubernamentales, quienes consideran evidente que un dictamen de tal magnitud debe ser avalado por la máxima autoridad de la Procuración.
Más allá de las fallas técnicas y administrativas, el caso tiene una dimensión política significativa. Para Javier Milei y su entorno, la situación era insostenible., Desde su perspectiva, es inaceptable que el abogado del Estado emita un dictamen que favorezca a una parte contraria al propio Gobierno.