Germán Calderón España presentó el 25 de enero una solicitud ante la Corte Constitucional para suspender provisionalmente el Decreto 0062 del 24 de enero de 2025, que declara el estado de conmoción interior en el Catatumbo, Cúcuta y dos municipios del Cesar.
De acuerdo con información publicada por el medio Semana, Calderón radicó la solicitud el sábado 25 de enero, argumentando que el Decreto 0062 del 24 de enero de 2025, que establece el estado de excepción en el Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y dos localidades del departamento del Cesar, no cumple con los requisitos constitucionales y jurídicos necesarios.
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Según el abogado, el decreto se basa en elementos que no corresponden a las verdaderas causas que justificarían una medida de esta naturaleza, como problemas ecológicos, geológicos y el narcotráfico, los cuales, aunque graves, no son imprevisibles ni intempestivos.
Calderón España señaló que el decreto se fundamenta en una perturbación del orden público, pero cuestionó la capacidad del gobierno para manejar la crisis con medidas ordinarias. Según el abogado, el Gobierno podría haber enfrentado la situación con herramientas legales ya existentes, evitando recurrir a un estado de excepción que otorga facultades extraordinarias al presidente.
El abogado también expresó preocupación por las implicaciones del decreto en términos de seguridad y gobernabilidad. Según consignó el medio citado, Calderón advirtió que, si la fuerza pública no logra controlar la crisis en el Catatumbo, esto podría sentar un precedente para declarar estados de conmoción interior en otras regiones del país afectadas por la violencia.
Esto, a su juicio, podría derivar en un uso excesivo de las facultades excepcionales del presidente, afectando la institucionalidad democrática.
Otro de los puntos destacados por Calderón en su solicitud es el impacto del decreto en las relaciones internacionales y la situación fiscal del país.
Calderón también señala el impacto negativo del decreto en las relaciones internacionales, particularmente con Estados Unidos, que ha suspendido ayudas económicas al Gobierno colombiano en medio de su revisión de políticas con la nueva administración.
Calderón argumentó que, mientras se pierden estos recursos, el gobierno recurre a medidas extraordinarias para financiar las acciones de la fuerza pública y los programas sociales necesarios para atender la crisis en el Catatumbo.
El abogado calificó esta situación como una contradicción del gobierno, ya que, según él, los recursos provenientes de Estados Unidos podrían haber sido utilizados para enfrentar la crisis sin necesidad de recurrir a un estado de excepción.
Además, señaló que esta medida podría profundizar los problemas económicos del país al requerir modificaciones al Presupuesto General de la Nación (PGN) y la asignación de recursos fiscales extraordinarios.
En su acción judicial, Calderón solicitó a la Corte Constitucional que examine la necesidad de suspender provisionalmente los efectos del decreto. Según el abogado, esta medida es necesaria para evitar que las normas contenidas en el decreto produzcan efectos irreparables o eludan el control de constitucionalidad.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció en Cúcuta que el Gobierno ofrecerá recompensas de hasta $3.000 millones por información que permita capturar a los principales líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Estas recompensas varían según el nivel de los objetivos: hasta $500 millones por datos sobre miembros involucrados en la violencia reciente en el Catatumbo y hasta $100 millones por información sobre otros integrantes de la organización criminal.
Velásquez indicó que la ofensiva militar en la región incluye la publicación de carteles con los rostros de los más buscados, como Nicolás Rodríguez Bautista (alias Gabino), Eliécer Herlinto Chamorro (alias Antonio García) y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía (alias Pablito), entre otros, quienes encabezan la lista de objetivos. Además, enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana y recordó que se puede reportar información a través de la Línea contra el Crimen: 3143587212.
La situación en el Catatumbo es crítica, con más de 42.000 personas desplazadas en enero debido a enfrentamientos entre el ELN y disidentes de las Farc. El comandante del Ejército, Luis Emilio Cardozo, confirmó los primeros combates en El Tarra y detalló que más de 9.000 militares han sido desplegados en la zona. Según la Defensoría del Pueblo, este desplazamiento masivo es el más grande registrado desde 1997.
El conflicto ha escalado desde mediados de enero, cuando el ELN intensificó sus ataques contra civiles y fuerzas del orden. Mientras tanto, las autoridades locales enfrentan dificultades para atender la crisis humanitaria en una región históricamente golpeada por la violencia.