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La APM gana las elecciones a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional

La candidatura presentada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –la asociación de más peso en la carrera judicial– ha sido la más votada en las elecciones celebradas este martes para la renovación de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, según confirman fuentes jurídicas a Europa Press.

Los magistrados Ana Isabel Martín Valero, Ana María Sangüesa Cabezudo y Manuel Fernández-Lomana García –los tres candidatos titulares de la APM– han aglutinado el mayor número de apoyos con 40, 40 y 39 votos respectivamente.

Tras ellos, sus candidatos sustitutos, Santos Honorio de Castro con 38 votos, Ignacio de la Cueva con 36, y Margarita Encarnación Pazos con 31, han sumado más votos incluso que el primero de los más votados de la segunda lista que aspiraba a la Sala de Gobierno, la de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria-Independientes.

De esa lista, los que más apoyo han tenido son el magistrado instructor del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, con 22 votos, y Javier Eugenio López con 22. Les han seguido Celestino Salgado (17) y Eduardo Ángel Perdiguero (16).

Cabe recordar que la Sala de Gobierno está compuesta además de por estos tres candidatos –elegidos cada cinco años– más el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y los tres presidentes de Salas.

Cabe recordar que fue en septiembre cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convocó para este martes 26 de noviembre las elecciones para renovar a los miembros electos de las salas de gobierno del Tribunal Supremo (TS), la Audiencia Nacional (AN) y los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), cuyo mandato de cinco años vencerá el 12 de diciembre.

El proceso electoral se ha realizado de manera «conjunta y única» para todas las salas de gobierno porque de ese modo, argumentaron desde el CGPJ, se fomentaba la participación de los casi 5.500 jueces llamados a votar, al tiempo que se facilitaba el proceso electoral tanto al propio Consejo como a las juntas electorales y a las asociaciones profesionales.

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