La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha defendido este viernes la «contundencia» con la que el partido ha actuado ante el ‘caso Koldo’, a diferencia de la «actitud» que está demostrando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante el caso judicial en el que está inmerso su pareja.
En declaraciones a los periodistas en Sevilla, ha querido dejar claro que el PSOE, ante los primeros conocimientos que tuvo del caso Koldo, en el que se «podía haber producido indicio de algún tipo de alejamiento de la norma, actuó con contundencia a los cinco días».
De hecho, según ha añadido, se reprochó al partido que actuara de una forma «tan diligente», pidiendo incluso el acta de diputado al exministro José Luis Ábalos y abriendo expediente de expulsión del partido.
Esta es la «diferencia» del PSOE, según ha señalado, con otras formaciones políticas –en referencia al PP– donde «echan al líder cuando denuncia casos de corrupción del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid; destruyen los ordenadores a martillazos, o crean una policía patriótica para fabricar pruebas falsas para ir contra los adversarios políticos».
Asimismo, ha denunciado la últimas declaraciones de Díaz Ayuso calificando a España de un «estado policial». «España es una democracia plena, que está entre los primeros rankings de democracias del mundo avanzado y que, por tanto, tiene todos los parámetros de calidad que permiten afirmar tal cuestión», ha sentenciado Montero, apuntando que Isabel Díaz Ayuso «no sabe lo que dice».
«Me parece gravísimo que a la señora Ayuso, cuando no le gusta la ampliación de las investigaciones, cuando no comparte las investigaciones de la Agencia Tributaria, de la Fiscalía del Estado o de los propios jueces, acuse a España de ser un Estado policial», ha añadido la vicepresidenta primera del Gobierno, en referencia a las investigaciones judiciales que afectan a la pareja de la presidenta autonómica.
Ha insistido en que las manifestaciones sobre un «estado policial» son «realmente graves» porque es como decir que «España no es un país democrático». Ha apuntado que a un dirigente político «le es exigible, evidentemente, que defienda la calidad democrática de nuestro país».