A primera vista, parecen los dos países más diferentes en la región: mientras en Argentina se festejó ruidosamente el haber quebrado la barrera de los 1.000 puntos del índice de riesgo país y se habla de conseguir una calificación crediticia «investment grade» como de una utopía, en Uruguay hace tiempo que ese índice cayó debajo de los 100 puntos, y los bancos se pelean por prestarle dólares.
Hace poco más de un mes, el gobierno uruguayo colocó un bono por u$s1.298 millones, para el cual tuvo una demanda tres veces y media más grande que el monto solicitado. El vencimiento es en 2060 y el spread pagado sobre la tasa de los bonos del Tesoro estadounidense fue el más bajo de la historia del país.
Semejante contraste hace que sea difícil imaginarse que, en la campaña electoral, uno de los temas de mayor preocupación sea una súbita pérdida de la confianza del mercado financiero. Y, menos aún, que esa inquietud esté asociada a una «influencia kirchnerista» sobre la política uruguaya.
Sin embargo, esa es la situación, porque junto con la votación de candidatos presidenciales que se realizará el domingo, habrá un plebiscito para reestatizar el sistema jubilatorio, que actualmente es de capitalización individual con administradoras privadas, similares a las AFJP que rigieron en Argentina hasta 2008, cuando Cristina Kirchner propuso al Congreso la vuelta al sistema público de reparto.
Elecciones y plebiscito por el sistema jubilatorio en Uruguay
La carrera presidencial de este domingo en Uruguay difícilmente deje a un candidato con la mitad más uno de los votos que se requiere para ganar en primera vuelta, de manera que hay una expectativa generalizada de que se deberá esperar al balotaje de noviembre para conocer al presidente que suceda, por un período de cinco años, a Luis Lacalle Pou.
En cambio, el plebiscito sobre el sistema jubilatorio se definirá este mismo domingo. Y hay una situación llamativa: por más que la gran mayoría de los candidatos se manifestaron en contra de la reforma -incluyendo al izquierdista Yamandú Orsi, del Frente Amplio, que lidera las encuestas-, se mantienen ciertas probabilidades de que la reforma triunfe.
Las encuestas marcan todavía un amplio 14% de indecisos, que si se suman al 38% que ya avisó que votará favorablemente, podrían determinar un cambio drástico en la economía uruguaya. Supondría, para empezar, que una masa de u$s24.000 millones -equivalente a un 30% del PBI del país- pasaría de la gestión privada a ser administrada por el Estado.
El peso del sistema jubilatorio en Uruguay
Con una de las tasas de natalidad más bajas de la región -al punto de que la población se mantiene estancada desde hace más de tres décadas en torno de 3,5 millones de habitantes-, Uruguay tiene una pirámide poblacional envejecida, similar al de naciones europeas.
Si se suman jubilaciones y pensiones, son unos 800.000 beneficiarios del sistema de seguridad social. Es decir, un 22% de la población. En comparación, Argentina tiene un 18% de pasivos.
Históricamente, uno de los mayores dolores de cabeza para los políticos uruguayos fue resolver el «problema» de la caja estatal de jubilaciones, que significaba el principal factor del gasto público y del déficit fiscal.
Una primera reforma se implementó en 1996, cuando se crearon las AFAP (Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional), que igual que las AFJP argentinas, tomaban el modelo que había inaugurado Chile en los años 80. El sistema, sin embargo, era diferente del argentino, porque implicaba un funcionamiento mixto, en el que hasta determinado monto de la jubilación se seguía cobrando del Estado, y por encima de ese nivel había un plus pagado por las AFAP.
Pero claro, el hecho de que se adoptara el sistema de capitalización individual con administración privada no resolvió otros problemas estructurales, derivados de la situación demográfica y de la informalidad laboral. Las AFAP debieron fusionarse para sostener su funcionamiento y el peso del sistema sobre la economía siguió siendo alto.
Fue así que, ya con Lacalle Pou como presidente, se impulsó una nueva reforma, que aumentó la edad jubilatoria en un régimen progresivo. Así, para quienes hoy tienen 47 años, ya regirá la nueva edad de retiro a los 65 años. Además, la reforma permite que los jubilados puedan, simultáneamente, seguir trabajando para complementar su ingreso.
Esa reforma fue aprobada por ley, sin los votos de la oposición izquierdista. Aun así, los principales dirigentes del Frente Amplio, incluyendo al candidato Yamandú Orsi y a su padrino político, el expresidente José Mujica, se oponen al plebiscito. Con la asesoría de sus economistas, advirtieron que la propuesta que se vota este domingo tiene el potencial de generar «un caos».
La avanzada sindical
¿Cómo es, entonces, que con tan poco apoyo político el tema haya ocupado el centro de la agenda política? Para empezar, Uruguay tiene una larga tradición de plebiscitos y referéndums, un tipo de democracia directa en el que cualquier sector puede impulsar propuestas mediante la presentación de un determinado número de firmas.
En este caso, la central sindical PIT-CNT fue la impulsora de la contra-reforma. El movimiento empezó, ni bien el parlamento uruguayo votó la ley, y no solamente se propuso dejar sin efecto las modificaciones al sistema, sino directamente abolir las AFAP y volver al viejo sistema estatal de reparto, sin participación alguna de administradoras privadas. Alega que el sistema ha agudizado la desigualdad social y que sin la intermediación de las AFAP se gestionaría con mayor eficiencia los recursos de la seguridad social, gracias al ahorro en comisiones financieras.
El PIT-CNT tiene una fuerte influencia dentro del Frente Amplio, al punto que Fernando Pereira, el actual presidente del partido, fue anteriormente titular de la central sindical. Los analistas políticos afirman que los sindicatos tienen en la coalición de izquierda una influencia que va más allá de lo electoral y que cuentan con una capacidad de presión suficiente como para imponer su agenda política.
Es por ese motivo que Orsi, aunque avisó que no votará el plebiscito, dejó «en libertad de acción» a la militancia. Una forma de evitar el conflicto directo con el aparato sindical.
Además, hay sectores de la izquierda que se han mostrado más ambiguos. Así, la ex intendente de Montevideo, Carolina Cosse, ahora candidata a vicepresidente, había firmado para que se realizara el referéndum. Sus críticos suelen «acusarla» de aplicar a la política uruguaya prácticas propias del kirchnerismo, en el sentido de que no demuestra un alto grado de respeto por la institucionalidad.
El riesgo de perder la confianza del mercado financiero internacional
En la vereda de enfrente, hay dirigentes políticos que ven en esta situación un riesgo de que Uruguay se vea tentado de subirse a la corriente de gobiernos populistas de la región y poner en riesgo su reputación en el mercado financiero internacional al afectar derechos de propiedad.
Uno de los más explícitos al respecto fue el dos veces presidente Julio María Sanguinetti, que suele ser frecuentemente convocado para conferencias y entrevistas en Argentina.
«Que acá hagamos lo que hizo el kirchnerismo en 2008 es funesto. Para la dimensión económica del Uruguay, si para cualquier país vale la credibilidad para nosotros vale el triple. El Uruguay vive de la confianza, vive de la estabilidad», dijo Sanguinetti en una entrevista concedida a Clarín.
También el presidente Lacalle Pou advirtió: «Si se aprueba el plebiscito crece exponencialmente esa posibilidad de no ser sostenible el sistema». Y dijo que los promotores de la reforma no explican cómo se financiará el sistema jubilatorio «porque no lo pueden hacer».
Mientras tanto, en el ámbito empresarial, los directivos de firmas constructoras advirtieron que hay riesgo de un desplome de la actividad, dado que parte del dinero que administran las AFAPs se invierte en proyectos de vivienda e infraestructura vial.
En caso de que se imponga la reforma impulsada por los sindicatos, no solo se estatizaría el sistema, sino que, además, la jubilación mínima se igualaría con el salario mínimo. Desde el gobierno, estiman que la financiación de la reforma costaría más de u$s1.000 millones al año y adelantan que resultaría inevitable la suba de impuestos.
Pero, sobre todo, la principal advertencia es sobre la pérdida de confianza de Uruguay en el mercado internacional. Adelantan que podría haber juicios por ruptura de contratos y que el país correría un serio riesgo de perder su actual condición de «investment grade».
En definitiva, cuando los políticos uruguayos que se oponen al plebiscito jubilatorio quieren ilustrar su argumento con un ejemplo concreto, tienen a mano un recurso ya clásico: muestran el estado de las cosas en la vecina Argentina.