Un informe presentado por Unicef reveló que siete de cada diez niños viven en condiciones de pobreza en la Argentina. Sumado a esto, la indigencia infantil aumentó de manera considerable, llegando al casi 20%. Al respecto, son alrededor de 8,6 millones los menores de 18 años que viven en hogares que no alcanzan el umbral mínimo de ingresos económicos o en entornos donde se ven privados de sus derechos; mientras que más de 600 mil cayeron en la indigencia.
Según los datos recopilados para el segundo semestre del 2023, la pobreza infantil se presenta en dos dimensiones. La primera comprende que el 57,5% de los niños experimentan pobreza por recursos económicos. La segunda, que el 43% enfrenta pobreza por privación de derechos fundamentales como la educación y la salud. Un 31% de los menores experimentan ambas formas de pobreza simultáneamente, afectando a 3,8 millones de niños.
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El informe destacó el impacto del deterioro macroeconómico en el aumento de la pobreza y la indigencia. “La canasta básica aumenta en mayor proporción que los índices de inflación general y que los salarios», afirmó Sebastián Waisgrais, economista especialista en Inclusión Social y Monitoreo en Unicef Argentina, poniendo en evidencia la necesidad de medidas urgentes para proteger los ingresos de los hogares y mejorar la cobertura de las prestaciones sociales.
En cuanto a la indigencia infantil, en el último semestre del año pasado aumentó un 5%, alcanzando así el 19,4%. «Es la primera vez que vemos un incremento estadístico muy importante en la indigencia», advirtió el economista. Esto significa que 643 mil niños más cayeron en la indigencia.
Los datos muestran que hay diferencias significativas dependiendo la ubicación geográfica, el género y nivel educativo. En esa línea, la pobreza infantil en barrios populares alcanza un 84%; mientras que la brecha según el género es de 63% entre niñas y un 50,8% entre los varones. Además, la pobreza en hogares con bajo clima educativo ascendió a 83%, en hogares monomarentales a 68% y en aquellos que residen en barrios populares a 84%.
La caída del presupuesto nacional destinado a la niñez
Otro dato alarmante es que el presupuesto nacional destinado a niñez muestra una caída del 75% en términos reales. «El presupuesto 2024 asigna $3,66 billones a las políticas dirigidas a niños, niñas y adolescentes con una estructura programática similar a la de 2023, pero adecuada a la nueva estructura ministerial. Con este presupuesto vigente se proyecta para 2024 una caída del presupuesto transversal del 75% en términos reales respecto del presupuesto devengado en 2023, o el equivalente a 1,37pp del PIB», indica el informe.
«De no ampliarse las partidas del presupuesto transversal de niñas, niños y adolescentes, necesariamente se observará una pronunciada disminución en la cobertura y calidad de prestaciones clave para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país», continúa el estudio.
Además, sostiene que eso implicaría el incumplimiento a la Ley de Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes (Ley Nº 26.061), «que en su Artículo 72 establece la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia, y prohíbe las reducciones presupuestarias en relación con la previsión o ejecución de los ejercicios anteriores».
Ante este escenario, Waisgrais resaltó la importancia de mantener y fortalecer las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de protección de ingresos a los hogares. «Si bien hubo señales positivas en este sentido, es clave maximizar los esfuerzos para mejorar la cobertura y suficiencia de las prestaciones«, subrayó
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«El presupuesto constituye una herramienta clave para aportar elementos desde la política fiscal que garanticen el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia”, explicó Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina. “Con esta información, buscamos contribuir a la toma de decisiones de los gobiernos, en cumplimiento con los planes de trabajo acordados con el Estado nacional, y a partir del mandato establecido en la Convención de los Derechos del Niño», agregó.
Según Unicef, la implementación de políticas nacionales claves para la infancia muestra “signos de alerta” en lo que va de 2024. En ese sentido, “se registra un número importante de iniciativas que muestran niveles de ejecución nulos o casi nulos”, tales como el fortalecimiento edilicio de jardines de infantes y Plan Nacional de Primera Infancia, entre otros.
Por otro lado, el organismo internacional advirtió que los montos previstos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentaria en el presupuesto actual (prorrogado de 2023) no son suficientes para hacer frente a las necesidades de financiamiento que se requieren para dar cobertura a las familias a lo largo de todo el año.
Además, destacaron que los aumentos establecidos a principios del año del 100% en los montos de la AUH y la Prestación Alimentar contribuyeron a mitigar el impacto de los incrementos de precios en los hogares en situación de pobreza. Sin embargo, durante los últimos años la capacidad de compra de ambas prestaciones evidencia una significativa caída.
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En la actualidad, la AUH representa el 45% de la Canasta Básica Alimentaria y el 21% de la Canasta Básica Total, y la Tarjeta Alimentar enfrenta una situación similar, indicaron desde el organismo, a la par que reclamaron “un nuevo mecanismo de actualización de las prestaciones que integre la variación de precios y replantee el esquema de las condicionalidades vigente para acceder a estos programas”
Al respecto, Unicef estimó que, sin políticas de protección de ingresos, alrededor de 270 mil niñas y niños más vivirían en la pobreza y más de un millón pasarían a ser indigentes. “De mantenerse las tendencias actuales, la prevalencia de la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia para el primer trimestre de 2024 alcanzaría valores en torno al 70%, mientras que la indigencia llegaría al 34%, con repercusiones en el bienestar actual y de largo plazo”, concluyó Waisgrais.
MB CP