Pese a todo, no está perdida para Javier Milei la posibilidad de contar con uno de los capítulos que más lamentó perder en la Ley ómnibus: el fiscal, que le daba la autorización para subir impuestos y tener, así, mayores herramientas para conseguir su objetivo del equilibrio fiscal.
Es cierto que ese capítulo ya estaba caído antes incluso de que se votara en general el proyecto que proponía un mega paquete de reformas económicas. Luis «Toto» Caputo, en conferencia de prensa un viernes por la noche, había anunciado que se eliminaría toda esa sección, en el entendido de que era la que estaba generando mayor controversia, y que de esa forma se despejaba el camino para la aprobación de la ley «Bases».
Sin embargo, las desavenencias con los gobernadores provinciales, sobre todo respecto de cómo sería compensado el billón de pesos -aproximadamente medio punto del PBI- que habían perdido por la eliminación del Impuesto a las Ganancias– terminó por desbarrancar el proyecto y desató la ira del presidente Milei.
López Murphy busca mejorar el «capítulo fiscal» que resignó Javier Milei
Sin embargo, pese a que el Presidente ya dijo que se resignaba a seguir adelante sin esa ley y pese a haber descartado un eventual plebiscito, aparece ahora una posibilidad de resucitar la parte más sustancial del proyecto. Y no será mediante un proyecto surgido del Gobierno sino desde la propia oposición, esa misma a la que Milei califica de traidora.
Por lo pronto, así lo dejó entrever el diputado Ricardo López Murphy, que forma parte del bloque Hacemos Coalición Federal, integrado por figuras como Miguel Pichetto, Emilio Monzó, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, Paula Oliveto y varios ligados al peronismo cordobesista que lideran Juan Schiaretti y el gobiernador Martín Llaryora.
López Murphy se propone presentar, la semana próxima, un proyecto de ley propio, que seria apoyado por todo su bloque, en el que se replica, con cambios menores, el capítulo fiscal que había retirado Caputo.
Ricardo López Murphy se propuso una «alternativa superadora» y quiere reflotar el capítulo fiscal de la Ley ómnibus.
«Será algo muy similar a lo que hizo el Gobierno, casi copiado, reemplazando el aumento de las retenciones por el impuesto a los Ingresos. Lo agrego ahí, y con eso se corrige el problema de las provincias sin apelar al impuesto PAIS, que es un impuesto anómalo y depende del control de cambios, y que espero liberemos pronto. Volver a lo que es una cosa sensata», adelantó López Murphy en una entrevista con María Julia Oliván.
El ex ministro se mostró confiado en que ese proyecto tendría el apoyo suficiente para ser aprobado, porque al eliminar las retenciones y reincorporar Ganancias, pondría un término al conflicto generado entre Milei y las provincias por los recursos fiscales.
Ley ómnibus: transformando al proyecto en aceptable
El capítulo fiscal de la Ley ómnibus comprendía varios de los aspectos más controvertidos. Incluía el aumento a las retenciones de exportaciones, algo por lo cual protestaron los gobernadores de las provincias con mayor producción agropecuaria.
También implicaba la reinstauración del impuesto a las Ganancias, bajo la nueva denominación de impuesto a los Ingresos. En definitiva implicaría que unas 800.000 personas de salarios medios y altos -por encima del millón de pesos- volvieran a aportar, aunque con un esquema de alícuotas progresivo que haría que para las primeras escalas el aporte fuera relativamente reducido.
Para los gobernadores, ese punto implicaba sentimientos contradictorios. Por un lado, era la forma de garantizarse una importante fuente de ingresos, dado que el impuesto se coparticipa.
Pero, por otra parte, suponía un doble costo político: primero, la contradicción de haber apoyado la derogación del impuesto a instancias de Sergio Massa, durante la campaña electoral; y segundo, eso los pondría en la vereda de los enemigos de la CGT, que en el acto del 24 de enero, el día del paro, advirtieron que ningún peronista podría apoyar un impuesto a los sueldos.
Es por eso que se buscaron las alternativas de coparticipar el impuesto al Cheque o al impuesto PAIS. Fueron dos alternativas que para Milei resultaron inaceptables.
En el nuevo proyecto opositor, se reinstauraría para 800 mil asalariados el impuesto a Ganancias.
En el primer caso, porque el impuesto al Cheque no sólo es uno de los más criticados por los empresarios, por su efecto distorsivo sobre la actividad comercial, sino porque nació en la crisis de 2001 con la promesa de ser temporario. Pero 22 años después sigue en pie, y si se llegara a coparticipar con las provincias, implicaría una aceptación tácita de que jamás será derogado.
Y respecto del impuesto PAIS, el argumento de Milei es que se trata de un impuesto llamado a desaparecer, porque está ligado a la vigencia del cepo cambiario, que debería dejar de existir antes de fin de año.
Pero, sobre todo, coparticipar esos impuestos supondría, además, restar fondos de la caja de la AFIP para dársela a las provincias, justamente lo contrario de lo que quiere hacer Milei, que cree que los gobernadores gestionan mal los recursos y siempre esquivan el ajuste de su propio gasto local.
Toto Caputo, ¿contento con el cambio de fórmula?
A pesar de esas desavenencias, López Murphy cree que el proyecto sería aprobado, porque les permitiría a los gobernadores salir de la actual crisis.
Y agrega que la caja fiscal tendría otra ayuda extra, con un impuesto específico para el sector de juegos de azar, al que, parafraseando a Milei, califica como «un grande curro para financiar a la casta».
Hay otra parte del ese capítulo fiscal que también estaría incluido en el nuevo proyecto, y está vinculado con las jubilaciones. Para López Murphy, «no es factible ni razonable» que los jubilados se conviertan en la variable del ajuste fiscal.
El nuevo proyecto incluirá un cambio de fórmula jubilatoria, con actualización por inflación retroactiva a enero.
Su idea es replantear una fórmula similar a la que regía en el final de la gestión macrista -es decir, compuesta en un 70% por el IPC y en un 30% por el coeficiente de variación de salarios-, como forma de evitar la licuación salarial del ingreso de los jubilados.
Y, para sortear la controversia por el riesgo de que el gobierno quiere congelar las jubilaciones en su punto más bajo, por la vía de saltearse los ajustes por inflación de enero y febrero, López Murphy propone que el régimen cambie en abril, pero que tome como referencia de ajuste la inflación de enero pasado.
En ese punto no está tan claro que cuente con el apoyo de Toto Caputo, que logró un superávit fiscal, precisamente, por la vía de un desplome del 32% en el gasto jubilatorio. De hecho, hay consultoras que calcularon por qué al ministro le conviene la continuidad de la fórmula actual que una nueva que vincule las jubilaciones con la inflación.
Una proyección de la consultora LCG indica que, con la fórmula actual, las jubilaciones implicarían este año un gasto de 4,8% del PBI, mientras que con la fórmula que había propuesto la ley ómnibus, ese gasto ascendería a 6%.
Irónicamente, el haber dado marcha atrás en esa pretensión le permitió a Caputo compensar la pérdida de otros recursos tributarios, como las retenciones a la exportación o el blanqueo de capitales.