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Cúneo Libarona ya trabaja en en plan para acortar los procesos judiciales y enfría la expectativa por candidatos para la Corte

El hombre que eligió el electo presidente Javier Milei para el ministerio de Justicia, tiene en carpeta al menos tres medidas que considera de carácter urgente para otorgar celeridad al sistema judicial. Las iniciativas que va delineando tienen como premisa algo que busca instalarse como un mensaje al Poder Judicial: “Vamos a garantizar independencia absoluta y división de poderes”. El abogado Mariano Cúneo Libarona también enfrió la danza de supuestos candidatos para la Corte y la Procuración General.

Un día después de su designación, el abogado penalista mantuvo una serie de reuniones en las que expuso algunas medidas que, entiende, revisten carácter de urgencia y de rápida implementación. Varias de ellas fueron anticipadas por Clarín.

El objetivo central de toda es poder acortar algunos procesos para cambiar el concepto que buena parte de la sociedad tiene respecto al funcionamiento del Poder Judicial. “Basta de la idea de que el que las hace no las paga en este país”, deslizó Cúneo en una serie de conversaciones que mantuvo al comienzo de esta semana.

Las ideas centrales a implementar en el ministerio de Justicia fueron planteadas durante la tarde del lunes, cuando se realizaron diversas reuniones de equipo. Javier Milei está al tanto de cada una de ellas y es el electo presidente quien reitera una concepto: “Acá no hay que buscar a los jueces amigos, sino a los mejores para los cargos”.

En esa línea, el entorno del futuro ministro desmintió la existencia de candidatos firmes para la Corte Suprema de Justicia y la Procuración General de la Nación.

Juicios rápidos

Dentro de las primeras políticas que se buscan impulsar desde el Ministerio de Justicia, está la implementación de una Ley de juicio rápido y plazo razonable. Esto implica poner límites temporales a los responsables de realizar los juicios orales y públicos, que es cuando un proceso judicial concluye con una sentencia absolutoria o condenatoria.

Lo que se explicó desde el equipo de Mariano Cúneo Libarona es que un juicio no puede demandar doce o catorce años, “porque son plazos que no le sirven a nadie y no podés tener a una persona imputada durante esa cantidad de años sin que inicie el debate”.

Los números no son azarosos. En el equipo de trabajo se puso como ejemplo el juicio del caso Tandanor: cuando empezó el debate oral ya habían fallecido seis de los diez imputados y los testigos ya no recordaban muchos de los hechos sobre los que se les consultaba. Habían pasado catorce años.

“Si no se respetan los plazos estipulados, el caso prescribirá, perderá el Estado y se ordenará que se manden actuaciones al Consejo de la Magistratura para evaluar el accionar de los jueces del Tribunal”, explicaron a Clarín quienes conocieron de cerca la iniciativa.

El Consejo de la Magistratura es el organismo que tiene, entre sus funciones, la selección de candidatos a jueces y la ponderación del desempeño de los magistrados cuando son denunciados.

¿Cómo se logra un proceso más acotado en el tiempo? El abogado que asumirá como Ministro de Justicia el 10 de diciembre entiende que hay que establecer un plazo obligatorio para que inicie el juicio cuando un expediente ya fue elevado por los respectivos instructores.

Para eso, entienden desde los equipos técnicos, lo que se debe achicar son los tiempos de los recursos y apelaciones, o sea los planteos que los abogados pueden realizar muchas veces precisamente para retrasar el inicio del juicio. “Por ejemplo, la Cámara Ordinaria resuelve un recurso en quince días, la Cámara Federal en veinte días y la Cámara Penal Económica puede demorar hasta ocho meses. Eso no puede ocurrir”, pusieron como ejemplo.

Cubrir cargos vacantes

Hay un tema que Cúneo Libarona no desconoce y entiende que es otra de las urgencias que se deben atender apenas asuma el gobierno de La Libertad Avanza: la cobertura del 25% de los cargos de jueces nacionales y federales vacantes. El ejemplo utilizado hizo foco en Comodoro Py: “Hay jueces que tiene a su cargo tres juzgados, así no hay investigación que avance. Y si se miran los Tribunales de juicio, la mitad de ellos están vacantes y se cubren con subrogancias, es inviable así dar celeridad a la justicia”.

En este punto, el Ministerio de Justicia puede pedir al Consejo de la Magistratura que revise la reglamentación interna, “que en parte genera que haya concursos que se extienden en el tiempo innecesariamente, que se demoren tres años en armar una terna”. El otro problema que observan es lo que atañe a la política, porque «la falta de consensos ha generado retrasos”. Resuena la frase de Javier Milei: “No hay que usar ese espacio -el Consejo de la Magistratura- para designar jueces amigos, sino a los mejores”.

A este planteo se suma una propuesta: realizar concursos de vacantes que aún no existen, “para que cuando se genera vacante ya esté el juez concursado y asuma inmediatamente. Así no hay que esperar tres años para llamar a concurso, evaluar y armar la terna”, indicaron ante la consulta de Clarín.

Sistema acusatorio

El listado de temas urgentes incluye la implementación completa del sistema procesal acusatorio, en el que los fiscales conducen las investigaciones. Esto tiene un problema vigente que será abordado cuando haya una reunión con la Procuración General de la Nación, de donde dependen los fiscales. Entre ellos también hay un 30% de los cargos vacantes.

El nuevo ministro de Justicia también quiere que «sin gradualismo» se ponga en marcha en todo el país el nuevo Código Procesal Penal, que se viene aplicando por artículos. “No sirve de esa manera, y con los recursos que tenemos se deben implementar ambas cosas y después en la marcha vamos evaluando y dotando de mayores recursos”, indicó una fuente de LLA.

Cárceles federales

Hay otra cuestión que en las reuniones técnicas fue calificada como de “situación de emergencia”: la del Servicio Penitenciario Federal, que depende directamente del Ministerio de Justicia.

Cuando se analizó el tema se expuso como preocupante la superpoblación carcelaria “que muestra junto a la crisis de la infraestructura, una situación de emergencia total”.

Cúneo Libarona mostró una estadística sobre los últimos habeas corpus presentados por los presos, que coinciden en tres reclamos específicos: hacinamiento, mala atención médica y falta de lugar para estudiar.

La falta de una infraestructura que logre garantizar condiciones dignas de detención, como ordena la Constitución Nacional, es una de las preocupaciones latentes para la gestión que sucederá al kirchnerista Martín Soria.

Quedó flotando en la conversación de estos dos días, la idea de analizar y estudiar diversos modelos de cárceles privadas. No como una política inmediata de Estado ni mucho menos como una propuesta concreta, pero sí tener en cuenta si puede traer “una solución a la situación de emergencia que el Servicio Penitenciario atraviesa”.

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