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El oficialismo apura el arranque del juicio político: quiere aprobar el inicio el 26 para citar a los jueces de la Corte

Las extraordinarias arrancan el 23 y pretenden que esa semana empiece a funcionar la comisión. Así podrían empezar a pedir pruebas.

17/01/2023 11:21

Actualizado al 17/01/2023 11:21

Cumplido el ingreso formal al Congreso de la convocatoria a extraordinarias, el oficialismo decidió apurar el inicio del tratamiento del juicio político a los miembros de la Corte Suprema. El Frente de Todos convocará a la comisión del área la semana próxima, con el propósito de declarar en la primera reunión la “admisibilidad” del proceso, y de ese modo abrir el debate sobre las denuncias contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

Hasta la mañana de este martes no estaba oficializado el llamado a la comisión de Juicio Político, presidida por la entrerriana Carolina Gaillard. Fuentes del oficialismo adelantaron a Clarín la intención de concretarlo en estos días, posiblemente para el jueves 26. El decreto firmado por Alberto Fernández y Juan Manzur habilita las extraordinarias desde el lunes 23.

Después de una ronda de expositores, el Frente de Todos buscará imponer su mayoría en la comisión para darle “admisibilidad” a las denuncias y en las siguientes reuniones avanzar con las citaciones y requerimientos de medidas de prueba, lo que generará fuertes discusiones según adelantaron los diputados opositores, que procurarán frenar el proceso.

Para reunir quórum en la comisión y ganar esa primera votación para darle curso a los proyectos, el oficialismo deberá tener asistencia perfecta. De los 31 miembros, 16 pertenecen al Frente de Todos, 14 a Juntos por el Cambio y también integra el cuerpo Alejandro Topo Rodríguez, del Interbloque Federal, en contra del juicio político.

Se prevé un debate áspero entre diputados de peso, por la conformación de la comisión con referentes y legisladores de perfil alto tanto del oficialismo como de la oposición: los jefes de bloque Germán Martínez, Mario Negri y Juan Manuel López, Leopoldo Moreau, José Luis Gioja, Alvaro González, Pablo Tonelli, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Omar de Marchi y Graciela Ocaña, entre otros. 

Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los cuatro jueces de la Corte Suprema.

Para garantizarse el número, las espadas legislativas del kirchnerismo pusieron en evaluación la posibilidad de reemplazar diputados de la comisión, una práctica habitual en la Cámara, ante la inquietud que generó en parte del bloque la posición ambivalente de Sergio Massa -se mantuvo en silencio, aunque los legisladores que le responden avalarían el tratamiento- o en el caso de que alguno no pudiera asistir por otros motivos.

La lista inicial de expositores estará conformada con los impulsores de los juicios políticos y en ese momento quedará de manifiesto una de las estrategias del oficialismo. Serán convocados para fundamentar los pedidos Eduardo Valdés, Siley, representantes de la Asociación Americana de Juristas -denunció a la Corte en agosto del año pasado-, otros dirigentes como la senadora Juliana Di Tullio y López o Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, por el proyecto de Elisa Carrió contra Lorenzetti.

López había adelantado que su espacio no retirará la iniciativa, aunque advirtió a sus pares de Juntos por el Cambio que la estrategia del Gobierno incluiría, además de intentar la división de la oposición, potenciar la interna entre los cortesanos para luego promover una eventual negociación con Lorenzetti.

Si el Frente de Todos consigue aprobar la “admisibilidad” del proceso, el debate seguirá durante todo el verano con una o dos reuniones por semana. Según el reglamento de la comisión, los diputados podrán requerir informes, documentos, expedientes y otras medidas de prueba, tomar declaraciones a testigos y citar a los denunciados.

Finalizado el debate, el oficialismo podría emitir un dictamen aunque luego tendría que conseguir los dos tercios de los votos en el recinto, algo inalcanzable en el escenario actual en el que le cuesta reunir mayoría simple para abrir las sesiones.

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