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En una carta, Cristina Kirchner volvió a cargar contra la Justicia y afirmó que usa “Derecho penal de autor” en su contra

La vicepresidenta comparó su situación con el juicio por las muertes durante la represión de diciembre de 2001. También mencionó a Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los jueces en la causa Vialidad.

En una carta abierta, la vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a apuntar contra la Justicia y contra uno de los jueces que intervienen en la causa Vialidad, al comparar la situación del juicio que la acusa de liderar una asociación ilícita con las investigaciones por las muertes ocurridas durante la caída de Fernando De la Rúa en 2001.

En una carta publicada en sus redes sociales, titulada “De penas y olvidos”, Cristina profundizó los argumentos que expuso en su presentación del viernes, en el cierre de los alegatos defensivos en el juicio que la tiene en el banquillo y con un pedido de doce años de prisión.

Allí ya había mencionado la investigación sobre De la Rúa por primera vez, señalando que sólo a ella como ex presidenta de la Nación le iniciaron procesos judiciales con responsabilidades penales. También había remarcado que, en la causa que investigó las muertes de diciembre de 2001, al entonces presidente lo habían sobreseído de la responsabilidad por esos asesinatos. 

“No sólo De la Rúa resultó sobreseído por el juez Bonadío en la acusación por homicidio culposo -fallo confirmado por los camaristas Irurzun y Farah-, sino que además, los otros dos firmantes del decreto 1678 del 19 de diciembre de 2001, en el que se declaró el Estado de Sitio: el jefe de Gabinete Chrystian Colombo y el ministro del Interior Ramón Mestre, ni siquiera resultaron acusados”, comenzó Cristina.

Luego mencionó a quienes sí habían sido condenados: “El tribunal, integrado por los jueces José Valentín Martínez Sobrino, Adrián Martín Grünberg y Rodrigo Giménez Uriburu (el jugador del Liverpool, equipo que integra con el fiscal Luciani), impuso para Mathov, ex secretario de Seguridad (organismo dependiente en ese entonces del Ministerio del Interior), 4 años y 9 meses de prisión y para Rubén Santos, ex jefe la Policía Federal, 4 años de cárcel”, escribió.

Giménez Uriburu, a quien destaca Cristina, es uno de los tres jueces que deberán dictar sentencia en la causa Vialidad.

Cristina señaló que las condenas de ambos funcionarios fueron reducidas a penas excarcelables. “Mathov, a quién le dictaron la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos sólo por el término de 8 años y 6 meses, fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo. Es de destacar que la Cámara de Casación solo debatió el monto de las penas. El objetivo de Casación era lograr penas excarcelables para los acusados“, comentó.

 Luego tomó un punto central de esa reducción de penas, basado en la garantía de “no ser juzgado dos veces por un mismo hecho”, y lo comparó con las cinco causas que tiene abiertas en la Justicia.

“El TOF 6 redujo las penas en función de la revisión propiciada por la Cámara de Casación Federal, que en su pronunciamiento había cuestionado que en la misma sentencia de juicio se había realizado una doble valoración del carácter de funcionarios públicos de los condenados, por lo cual se habría transgredido el principio llamado ne bis in ídem, es decir la garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”, escribió la vicepresidenta.

“Curiosamente, la misma Sala 1 de Casación, integrada por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, es la que tiene dos causas de Asociación Ilícita, (Memorándum y Hotesur-Los Sauces), que junto a la de Vialidad, que también calificaron como asociación ilícita, forman parte de las Cinco causas que en forma separada y con el mismo tipo penal se llevan adelante en mi contra o sea… Cinco veces juzgada por el mismo hecho, ¿qué nombre tendrá en latín?“, ironizó la vicepresidenta.

“Las garantías procesales de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, y todas las demás, no aplican si sos peronista. Para el peronismo, Derecho Penal de autor. Para el resto, aunque sean delitos contra la vida, Derecho Penal liberal, con todas las garantías y principios del debido proceso”, apuntó.

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