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Desbaratan una banda que contrabandeó granos por U$S 51 millones

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, realizó –a través de la Policía Federal- más de ochenta allanamientos en simultáneo en todo el país, y detectó maniobras de 15 empresas truchas por U$S 51 millones de exportaciones de granos.

Durante los allanamientos, que fueron realizados en la CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Neuquén, se detuvo a dos contadores y se busca a un “exportador oculto” que sería el jefe de la asociación ilícita investigada.

De esos 51 millones de dólares -cuyo plazo de liquidación estaba vencido- solo ingresaron al país 3 millones, es decir que el 94% de lo exportado no fue ingresado al Banco Central, sino que se supone fue vendido en el mercado del dólar paralelo, acrecentando así las ganancias ilícitas.

La mecánica involucraba la compra de subproductos oleaginosos (maíz partido, entre otros) que luego decían que vendían a varias empresas en el exterior mediante técnicas de triangulación de facturas apócrifas. En realidad, el maiz partido iba, físicamente, solo del silo a un comprador en el exterior. Así conseguían dólares al precio oficial y luego de la maniobra lo vendían en el mercado negro a más de un cien por ciento del valor que les dio el Banco Central.

La policía federal descubrió maniobras con granos por 51 millones de dólares y secuestró computadoras.

A esto último, se sumaría la evasión impositiva por facturar los productos a una empresa intermediaria en el exterior con un ínfimo costo, para que luego desde allí se genere una refacturación a la firma importadora (compradora y adquiriente) por un monto mucho más alto, aumentando allí también la ganancia en negro.

Durante los allanamientos, efectivos de la Superintendencia de Seguridad Federal secuestraron gran cantidad de documentación vinculada a las personas y empresas denunciadas, computadoras, teléfonos celulares, discos rígidos, memorias, sellos presuntamente falsificados de funcionarios de SENASA, entre otros elementos de interés para la causa que ahora serán analizados por el Juez de Campana.

Respecto de las más de 40 empresas sospechadas en total, la DGI procedió a suspender sus CUIT, mientras que la Aduana emitió un reporte de operación sospechosa de lavado de dinero ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

El Juzgado Federal de Campana investiga la posible existencia de una asociación ilícita contemplada en el Art. 210 del Código Penal, y/o delitos tipificados en el Régimen Penal Tributario (Ley 27.430) y en el Régimen Penal Cambiario (Ley 19.359) y de la comisión de lavado de activos del Código Penal.

Las investigaciones preliminares dejaron en evidencia que algunas de las empresas exportadoras carecerían de solvencia para afrontar las operaciones de comercio exterior, lo cual demuestra que detrás de toda la estructura formal existirían uno o más exportadores ocultos, cuya identidad no fue develada por el exportador aparente.

En este sentido, indicaron que existen “suficientes elementos de convicción” para sostener que el exportador real -esto es, el verdadero dueño de la mercadería- habría sido sustituido por empresas ficticias o pantalla.

“Dicha sustitución, que aparece evidente con sustento en los datos objetivos obtenidos -incapacidad económica para afrontar las operaciones-, constituye una acción tendiente a impedir o, cuanto menos, dificultar mediante métodos ardidosos el adecuado control del Servicio Aduanero sobre el tráfico internacional de mercaderías”, concluyeron los investigadores.

La policía federal descubrió maniobras con granos por 51 millones de dólares y detuvo a dos contadores.

La investigación la realizó el departamento Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal en conjunto con la la Aduana bajo órdenes del juez de Campana.

Se trata de la 39640/2022 caratulada “Nn S/Contrabando Artículo 863 C.A. Y Asociación Ilícita”, quienes luego de realizar tareas de análisis de la información, entrecruzamiento de datos, escuchas telefónicas y tareas de seguimientos y filmaciones, permitieron revelarla estructura de la organización criminal.

La causa comenzó en el mes de julio de este año, a raíz de una serie de denuncias realizadas por la Aduana en la justicia. Ese organismo analizó los movimientos de las exportaciones de oleaginosas, descubriendo que existía un grupo de empresas fantasmas que estaban generando facturaciones millonarias en los últimos dos años, sin poder acreditar solvencia para ello.

“La Aduana tiene como responsabilidad asegurar que todos los exportadores operen en igualdad de condiciones, evitando maniobras irregulares que afecten las reservas del Banco Central. Los dólares son para la producción y el trabajo argentino, no para la especulación financiera”, señaló el director general de Aduanas, Guillermo Michel.

Según la línea investigativa manejada hasta el momento, el modus operandi consiste en la triangulación de exportaciones, donde se incluyen sociedades fantasma integradas por personas de bajos recursos con perfiles fiscales incongruentes para los movimientos de dinero que presentan las empresas que componen.

La maniobra tendría como fin pagar la menor cantidad de impuestos posibles (Ejemplo, el impuesto a las Ganancias, IVA, derechos de exportación), pero también -y principalmente- poder mantener las divisas en el exterior jugando con la variación del Dólar Blue en la Argentina.

La maniobra era la siguiente: existe una primera empresa que compra a los productores o acopiadores las oleaginosas. Esta a su vez, factura la venta de esos cargamentos a una segunda empresa radicada en el exterior del país (EE.UU., Hong Kong, España, etc.). La firma del exterior refactura a un precio más elevado (acorde a la realidad del valor en plaza) a la tercera empresa (también externa) quien finalmente será la beneficiaria del producto, en otras palabras, la verdadera importadora.

Si bien los cargamentos son “comprados” por más de una empresa, su único movimiento físico es desde el punto de guarda (silo) directamente al tercer eslabón (comprador).

Otra arista importante de la maniobra, es que las sociedades que producían la refacturación generalmente suelen ser de los mismos exportadores argentinos. Tienen empresas acá y en el exterior.

Generándose un circuito de dinero que favorece el aprovechamiento de las divisas. Más sencillo, quien compra, vende, y nuevamente hace lo propio, se trataría del mismo grupo de personas que por cada dólar -a una brecha de 100% entre oficial y blue-, ganarían el doble de dinero gracias al sistema financiero marginal.

Entonces se puede inferir que por cada cargamento que vendían, compraban dos, y así sucesivamente. Sin embargo, al no existir liquidación, ese dinero nunca ingresa a las arcas del Estado.

De acuerdo a lo informado por la Aduana, a través del operativo se detectaron nuevos exportadores de maíz partido, soja desactivada y aceites-mezcla, caracterizados por el incremento exponencial de los valores exportados.

En este marco, señalaron que lo que llamó la atención de estas operaciones, fue la relación desproporcionada entre las exportaciones y la capacidad económica y financiera de las empresas, que mostraban distintos puntos en común.

De esta manera, explicaron  los investigadores que todas las empresas evidenciaron un patrón financiero similar, registrando un incremento exponencial en sus volúmenes de exportación en muy poco tiempo.

Además, indicaron que la posición aduanera mayoritariamente utilizada es la de Maíz Partido (PA 1104.2300.0000), caracterizada por encontrarse fuera del sistema de precios oficiales.

Tras el análisis de la AFIP-DGI, muchas de las empresas analizadas se encuentran incluidas en la Base de Firmas Apócrifas (base APOC), bajo la calificación de usinas de créditos sin solvencia.

Por otra parte, la AFIP interdictó más de 10.000 toneladas de granos en un feedlot ubicado en la localidad chaqueña de Tres Isletas, tras detectar inconsistencias en la declaración de las existencias utilizadas como insumo para el engorde del ganado bovino.

El organismo conducido por Carlos Castagneto incautó 6.200 toneladas de maíz picado y 3.900 de maíz partido, cuyo stock no había sido debidamente reportado ante las autoridades.

El control de existencias junto al cotejo registral y documental permitió verificar que los derivados del maíz usados en la alimentación del ganado no estaban debidamente registrados. El volumen de mercadería secuestrada por la AFIP equivale a la carga transportada por 336 camiones y permitiría alimentar 2.315 novillos durante un año entero.

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