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Horacio Rosatti reclamó “decisión política” para enfrentar al narcotráfico y acelerar el nombramiento de jueces

Con 103 homicidios vinculados al crimen organizado en lo que va del año, Rosario es epicentro de un encuentro histórico que reunió al Poder Judicial. Después de las palabras de los organizadores, integrantes de la Asociación de Jueces Federal (AJUFE), se escuchó en el auditorio las palabras de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y titular del Consejo de la Magistratura. Reclamó “decisión política” para combatir al narcotráfico y que se cubran los cargos vacantes de la justicia federal “eso es vocación política también”, resaltó.

En medio de la tensión del Gobierno con el Poder Judicial, la fotografía inaugural mostró a todos los ministros de la Corte Suprema junto a 122 jueces federales, y al Procurador General, Eduardo Casal. Todos se reunieron bajo el lema “El juzgamiento del narcotráfico”, todos se reunieron en Rosario, una ciudad asediada por crimen organizado, para reclamar políticas de Estado ante el marcado avance del narcotráfico.

Después de las palabras inaugurales de los representantes de AJUFE, entre ellos el juez Ariel Lijo, el presidente de la Corte habló ante más de 100 magistrados de todo el país, que coincidieron en plantear que el de este jueves es un evento sin precedente. Un mensaje de unidad de todo el Poder Judicial ante una crítica constante por parte del Gobierno. 

El discurso de Rosatti duró cerca de veinte minutos, con un marcado eje en la unidad de la Justicia y un reclamo hacia del Poder Ejecutivo: “Para enfrentar al narcotráfico con eficacia hay que hablar de la necesaria decisión política para enfrentarlo, y de la existencia de un Estado cohesionado con recursos inteligentemente utilizados y/o una sociedad comprometida”, remarcó.

Luego, agregó: “Reclamamos también o la cobertura de las vacantes existentes con los magistrados más idóneos y comprometidos con los valores democráticos y con la defensa de la sociedad frente a las distintas manifestaciones del crimen organizado. No se puede proclamar que se quiere combatir la delincuencia y demorar la designación de jueces”.

El destinatario del mensaje, otra vez, no tuvo misterio. Como contó Clarín días atrás, entre el Gobierno nacional que conduce Alberto Fernández y el Senado que maneja Cristina Kirchner bloquean el nombramiento de casi 100 jueces ya seleccionados. Aquí se incluyen vacantes clave en zonas copadas por el narcotráfico.

Como contó Clarín, Rosario y Santa Fe cuentan con un 36% de sus cargos federales sin cubrir. La mitad de esos concursos concluyeron y se encuentran a disposición del Poder Ejecutivo nacional a la espera de que remita los pliegos al Senado. “Eso también es vocación política, nos piden que luchemos contra el narcotráfico, pero no avanzan en la cobertura de los cargos”, señaló Rosatti.

Buscando correrse de la lectura política del encuentro, el presidente del máximo tribunal señaló: “Quienes hoy vinimos a Rosario, invitados por los organizadores, no lo hicimos para sacarnos una foto. Vinimos a expresar, de cuerpo presente, nuestro compromiso con la sociedad en este tema tan delicado. No debe ser visto este acto como una manifestación corporativa o auto-referencial; no estamos aquí para decir que todas las culpas son de los otros”.

Y siguió: “Reivindicamos, eso sí, todo lo que deba ser reivindicado desde la actuación de nuestros jueces y asumimos el compromiso, desde el Consejo de la Magistratura, órgano que no solo selecciona y analiza la conducta de los jueces sino que los capacita, y que tengo el honor el presidir, acompañado en esta ocasión por los consejeros de los distintos estamentos que lo representan, de continuar enfocados en esta problemática”.

La mención a su cargo como titular de la Magistratura también tiene lectura política. El kirchnerismo, con la vicepresidenta a la cabeza, buscó hasta último momento evitar la llegada de Rosatti a ese cargo. E incluso llegó a aprobar un proyecto que lo corre, ya con media sanción en el Senado, pero con destino incierto en Diputados.

También Rosatti habló “en la representación institucional de un tribunal que constituye la última instancia de los órdenes federal y locales por igual”, recordando que también está a cargo de la Corte, que el mismo kirchnerismo quiere modificar/ampliar para ganar peso con jueces aliados.

Más adelante, sin nombrarla, pareció cuestionar al Servicio Penitenciario Federal, a cargo de María Laura Garrigós, fundadora de la agrupación K Justicia Legítima. 

“Venimos a decir que haremos los mejores esfuerzos para cumplir las expectativas de la gente común. Son expectativas tan elementales como certeras y constituyen mojones imprescindibles para ayudar a marcar el camino del juzgamiento: por ejemplo, que la cárcel no debe controlar a la calle, para lo cual es necesario contar con las herramientas de información necesarias, como ocurre en todos los países interesados en combatir este flagelo”, agregó Rosatti.

Clarín contó cómo los narcos y delincuentes siguen operando desde las cárceles, según denuncia la fiscalía especializada en este tema (procunar).

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