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La Academia Nacional de Periodismo también rechazó el bozal legal que prohíbe nombrar a Jorge Lanata

La decisión judicial de la jueza Lucila Córdoba desató un amplio rechazo en el ámbito periodístico, que calificó a la medida como un claro ejemplo de censura previa. La prohibición, que impide a los medios de comunicación difundir cualquier información relacionada con el periodista Jorge Lanata y su esposa, Elba Marcovecchio, sumó una nueva y firme condena, esta vez, por parte de la Academia Nacional de Periodismo.

En un comunicado contundente, firmado por Silvia Naishtat y Joaquín Morales Solá, la Academia Nacional de Periodismo señaló que la resolución de la jueza Córdoba constituye «un peligro y una gravísima amenaza a la libertad de expresión y a la transparencia informativa«. Esta prohibición, en vigor para medios gráficos, audiovisuales y digitales, se enmarca en un complejo conflicto judicial entre la esposa de Lanata y las hijas del periodista, Bárbara y Lola.

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El comunicado fue claro al afirmar que la medida judicial viola el artículo 14 de la Constitución Nacional, que prohíbe cualquier tipo de censura previa. A su vez, recuerda el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que refuerza el derecho a la libertad de expresión y la prohibición de cualquier acción que busque restringirla de manera preventiva.

Comunicado Academia Nacional de Periodismo sobre el bozal legal de Jorge Lanata

El impacto en la Ley de Acceso a la Información Pública

Desde la Academia Nacional de Periodismo también señalaron que esta decisión judicial llega en un contexto complicado para la libertad de información en Argentina. En septiembre, el gobierno publicó un decreto que modifica la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, limitando aún más las posibilidades de acceso a datos de interés general. Este tipo de restricciones, sumadas a decisiones judiciales como la de Córdoba, plantean un panorama preocupante para los medios de comunicación y los periodistas que buscan informar sin trabas ni condicionamientos.

El comunicado de la Academia y el pronunciamiento de ADEPA buscan no solo señalar las consecuencias directas de esta medida, sino también alertar sobre un contexto más amplio en el que se vulnera la transparencia informativa. “La censura previa es incompatible con los principios democráticos”, enfatizaron desde la Academia, citando las normas internacionales y constitucionales que la prohíben de manera explícita.

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La crítica de ADEPA y la historia de la censura en Argentina

El rechazo de la Academia no llegó solo. ADEPA también emitió un comunicado en el que condena la medida como «un inaceptable caso de censura judicial». La entidad recordó que la restricción impuesta por la jueza Córdoba contraviene los principios básicos del acceso a la información pública, uno de los pilares de cualquier democracia. “Se trata de un claro atentado contra la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a estar informados”, subraya el pronunciamiento de ADEPA.

Esta situación trae a la memoria otros episodios de censura en Argentina, como el recordado caso de Tato Bores en 1992. En ese entonces, la jueza María Romilda Servini de Cubría prohibió la emisión de un monólogo del humorista, desatando una ola de protestas entre periodistas y artistas. Aquel incidente quedó registrado en la historia como un ataque a la libertad de expresión, y la situación actual de Lanata parece evocar ese mismo espíritu de lucha por preservar el derecho a informar sin restricciones.

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El conflicto judicial que desató la polémica

El origen de este bozal legal radica en un conflicto judicial que involucra a Bárbara y Lola Lanata, las hijas del periodista, y a su esposa, Elba Marcovecchio. Las jóvenes presentaron una denuncia contra Marcovecchio, acusándola de perjudicar la salud y el patrimonio de su padre, quien se encuentra internado en una clínica de neurorehabilitación. Entre las pruebas, se incluyen audios y videos de cámaras de seguridad que supuestamente muestran a Marcovecchio tomando objetos de valor de la oficina de Lanata.

En su denuncia, las hijas de Lanata mencionan gastos excesivos en la tarjeta de crédito, incluyendo compras de hasta “dos millones de pesos en una joyería”, y acusan a Marcovecchio de hurtar entre 35 y 50 mil dólares en efectivo, además de diversas joyas, esculturas y objetos de arte.

LT

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