Gastón Tellone está desaparecido desde el 8 de julio pasado cuando fue obligado a subir a un vehículo en la zona de Abasto, entre los barrios porteños de Almagro y Balvanera. Algunas semanas antes, la víctima del secuestro había aparecido en las noticias de la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay por una denuncia de recepción en 2021 de pagos de extorsiones en la zona portuaria.
Esa presentación la realizó el abogado José Alberto Tomás Uriburu, autodefinido en el escrito como dueño de la empresa Terminal Puerto Concepción del Uruguay, que mencionó a Tellone como uno de los hombres que cobraba el dinero exigido en dólares a nombre, supuestamente, del por entonces administrador del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay a cambio de no obstaculizar el movimiento en esas terminales y de facilitar la compra agresiva de una empresa al “armar una mochila de juicios” a sus anteriores dueños. Desde ese testimonio expuesto del 26 de abril pasado, Uriburu pasó de denunciante de corrupción a imputado por el rapto de Tellone.
La fiscal Josefina Minata, de Concepción del Uruguay, y el fiscal Santiago Marquevich, de la Unidad Fiscal Especializada en Crimen Organizado (Ufeco) intentan determinar que pasó con Tellone, cuya familia presuntamente pagó un rescate de más de US$65.000 sin que la víctima apareciera. Y la historia tiene ramificaciones que ponen en juego a varios de los nombres más conocidos del narcotráfico local.
Tellone estaba bajo investigación por lavado de dinero. Y su entorno también estaba en el radar judicial. Por eso la Justicia encontró enseguida pistas, es que la mayoría de los teléfonos ya estaban intervenidos en otras causas. Entre ellos, el de Gustavo Adolfo Juliá, que cumplió una condena de 13 años de prisión en España por el contrabando de 944 kilos de cocaína en el caso conocido como Narcojet.
En la desgrabación y análisis de esas escuchas trabajaba personal de la Prefectura Naval cuando notaron que en los registros de tres días antes se hablaba sobre el secuestro de Tellone. El punto de partida es que se trató de un ajuste de cuentas interno. Incluso la víctima gestionó el pago de su propio rescate, aunque no fue liberado. Tellone cayó en una trampa generada por uno de sus hombres de confianza: Juan Carlos Miró. Es uno de los procesados por el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, que tiene el expediente por secuestro doblemente agravado por el cobro del rescate y la participación de más de tres personas.
Los investigadores sacaron una decisiva conclusión: la disputa entre el abogado Uriburu y Tallone tiene que ver con un robo de cocaína y dólares. Los mensajes que allegados a la víctima recibieron varios días después del pago del rescate mencionaban “deudas” que oscilaban entre los US$300.000 y US$500.000.
Si bien aún no se sabe qué pasó con Tellone luego del 8 de julio, si está claro en la causa que la víctima fue engañada por Miró quien pergeñó un inexistente encuentro con una ficticia jueza federal para interesar a Tellone a concurrir a una reunión en las cercanías del Shopping del Abasto. Allí fue amenazado por sus captores, entre los que se encontraba -según figura en la causa- Gustavo Juliá, que en noviembre pasado había sido procesado en una causa por contrabando de oro. Aún no está detenido, pero es considerado una figura clave en este secuestro: el vehículo usado para capturar a Tellone es un Gol Trend que tiene una oblea de peaje a nombre de Juliá y que este paga con una de sus tarjetas. Su celular también fue detectado en las mismas posiciones que las de Tellone, Miró y Uriburi en una casa de Benavídez en la tarde del 8 de julio, propiedad que sería el lugar donde estuvo en cautiverio la víctima.
Pocas horas después del rapto, entre las 21.30 y las 21.47 de ese 8 de julio, un allegado a Tellone entregó una sobre con una cifra que va de los US$65.000 a los US$100.000 a Miró como pago de rescate. La propia víctima dio las indicaciones del lugar donde podría recolectarse esa cantidad de dólares con la sola mención de su nombre. El amigo llevó luego el dinero al lugar elegido por los secuestradores: una estación de servicio Shell ubicada en Cabildo al 4100.
El sobre finalmente llegó a manos de Uriburu, al menos eso plantea la hipótesis que derivó en su procesamiento con prisión preventiva. En la casa de ese abogado, que tenía vínculos con el inefable Guille Cantero, se incautaron US$65.000, cifra que los investigadores consideran compatible con el pago del rescate.
Uriburu, en la denuncia que realizó el 26 de abril, se presentó a sí mismo como empresario dueño de Terminal Puerto Concepción del Uruguay. Terminales portuarias y narcotráfico es un maridaje frecuente en el litoral. El abogado, que ahora es noticia como procesado por el secuestro de Tallone, había obtenido sus minutos de fama durante la pandemia, cuando los medios le hicieron notas por su supuesta carrera de 42 kilómetros realizada en vueltas en el pequeño balcón de su casa. Las redes sociales había hecho lo suyo.
Para el juez Seró, Uriburu es el eje por el que pasan las variables de este caso. “En todas estas declaraciones, los testigos señalan al abogado como la persona que podría atentar contra el empresario. A través de la presente investigación, se pudo constatar que ambos mantenían una fuerte disputa económica, en la que el abogado imputado le reclamaba la sustracción de drogas y 800 mil dólares. Ambos tenían vinculación con el puerto de Concepción del Uruguay, donde surgió este enfrentamiento. Así lo han señalado los testigos que fueron entrevistados por Policía Federal, resultando que todos ellos mencionaron los problemas existentes entre ellos dos”, indicó el magistrado en su resolución.